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Los jóvenes y la Convención Nacional Democrática |
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jueves, 25 de enero de 2007 |
Propuestas para la discusión
Secretaría de Asuntos Juveniles
Comité Ejecutivo Nacional PRD
En esta fase de transición demográfica, los jóvenes constituyen la mayoría de la población mexicana. Aunque son el presente de la nación, carecen de condiciones y oportunidades para realizarse plenamente y desarrollarse adecuadamente para asumirlo.
Los jóvenes de hoy en día sufren más que cualquier otro sector las consecuencias de los estilos de desarrollo excluyentes vigentes, miran con gran recelo a las clases dirigentes y están en primera fila en las protestas sociales y políticas, pero al mismo tiempo carecen de espacios propios para la participación ciudadana y no cuentan con enfoques que permitan impulsar políticas públicas que procuren mejorar su calidad de vida y su protagonismo social y político. En este sentido, los movimientos y las organizaciones juveniles no logran cumplir funciones de representación efectiva (y reconocida) de la juventud, y por tanto, no logran actuar como un “movimiento social” en el sentido clásico de la expresión.
El déficit cuantitativo y cualitativo en la oferta de educación media y superior, y la pobreza de las familias de la mayoría de los adolescentes y jóvenes impide a muchos de ellos avanzar y concluir su formación en el sistema educativo formal. La oferta de empleo para jóvenes con bajo nivel educativo y sin experiencia laboral es muy limitada en el sector formal de la economía, lo que los obliga a buscar alternativas de trabajo en la informalidad o, en sus extremos, a delinquir. Los conflictos generacionales, las expectativas diversas, la incomprensión de los diversos estilos de vida, y la desconfianza mutua al interior de la familia y en la vida social, son otros tantos factores de inconformidad de los adolescentes y jóvenes con la sociedad. La depresión, el alcoholismo y la drogadicción avanzan entre los jóvenes ante la pasividad del Estado y la sociedad que no logran resolver la contradicción entre la economía de mercado –comercio de bebidas alcoholices, tranquilizantes, drogas enervantes, etcétera—y, la protección de la salud.
El conservadurismo dominante en la mayor parte de las instituciones educativas y en las familias, tanto como el activismo de las jerarquías religiosas, dificulta el esfuerzo de educación sexual e información sobre salud reproductora a los adolescentes y jóvenes y su acceso a los medios de control natal y protección sexual, lo que da lugar a crecientes números e índice s de infección por VIH SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados.
El altermundismo, el movimiento estudiantil y la infinidad de creaciones colectivas e independientes, son la muestra de que, a fuerza de organizarse y expresarse, los jóvenes han vuelto creativo su periodo de moratoria social y, así, se han hecho valer como sujetos estratégicos para el desarrollo de la sociedad. Tales formas de organización y de expresión presuponen otra caracterización del joven como actor social.
Políticas Públicas de la Juventud
La histórica ausencia de políticas públicas de juventud vigorosas y pertinentes no hace más que reforzar este estado de situación e impide la construcción de alternativas efectivas. Las políticas públicas de juventud se han caracterizado por su elevada fragmentación y su evidente irrelevancia, en un marco en que no se logra cambiar esa situación, en parte por falta de apoyos políticos y de recursos, pero también por el despliegue de estrategias equivocadas, centradas en la ejecución directa de programas y proyectos de muy escaso impacto efectivo y que resultan conflictivos con las diferentes dependencias ejecutoras de políticas públicas, especialmente secretarías de Estado y municipios.
Otra característica de las instancias gubernamentales para jóvenes ha sido un enfoque de políticas públicas basado en caracterizaciones del joven como delincuente potencial o como sujeto de políticas asistencialista. En este marco, las políticas han sido en su mayoría de corte preventivo y han tenido en las actividades deportivas su principal curso de acción. Este encuadramiento ha servido, en el mejor de los casos, para paliar algunas necesidades inmediatas de los jóvenes (ayuda para transporte, servicio médico, espacios deportivos) que, siendo importantes, no modifican su situación como sujeto social y, en muchos casos, son utilizadas como medio de control social o corporativo.
Nuestra propuesta alternativa
Nuestra propuesta alternativa que ofrecemos se sustenta en tres pilares centrales: primero, las y los jóvenes son sujetos de derecho (y no un simple grupo de riesgo), por lo cual deben ser objeto de políticas públicas que tiendan a asegurar la vigencia de sus derechos (a la educación, al trabajo, a la participación, etc.); segundo, las políticas públicas de juventud son un asunto y una responsabilidad de todos y todas, por lo cual es tan importante involucrar a los propios jóvenes como a los adultos que trabajan con ellos (docentes, personal de salud, policía, jueces, etc.), desde enfoques incluyentes y no estigmatizadores; y tercero, las y los jóvenes pueden ser (en el marco de la actual construcción de la sociedad del conocimiento) actores estratégicos del desarrollo, dado que están infinitamente más y mejor preparados que los adultos para lidiar con la permanencia del cambio y con la centralidad del conocimiento, dos de las principales reglas de juego del mundo del siglo XXI.
Si todo esto es así, el protagonismo juvenil es clave para el propio desarrollo de nuestras sociedades y no solo una justa aspiración de un sector poblacional, y ello debiera guiar la gestión pública (en todos los niveles) en el futuro. En este marco, los estilos de gestión de las políticas públicas no son neutros, ni mucho menos.
Una política juvenil integral debe atravesar los diferentes sectores de las administraciones públicas en sus tres instancias, y corresponderse con una política social que garantice a los jóvenes oportunidades igualitarias de desarrollo como el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Así mismo, deben sentarse las bases para que todos los jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica, gocen plenamente de su periodo de moratoria social, concebida como la etapa vital dedicada a la autorrealización, a la instrucción y al desarrollo integral como seres humanos en los campos de las artes, el deporte, la reflexión y la creación.
Debe garantizarse el fortalecimiento de una instancia pública, que puede ser el actual IMJ, que cuente con autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para poder responder a las aspiraciones de los jóvenes mexicanos, con la aplicación de una política juvenil en cuya elaboración, aplicación y evaluación participen los mismos jóvenes y sus organizaciones.
En realidad, las opciones que se tomen en este terreno determinarán los éxitos y los fracasos que se obtengan, y eso justifica la necesidad enfoques equivocados que ya han provocado fracasos estrepitosos en varios casos concretos a lo largo de la historia y en muy diversos contextos territoriales.
Comenzando por estos últimos, no tiene sentido apostar todo a la aprobación de leyes de dudosa relevancia o a la construcción de espacios específicos para la participación juvenil (casas de la juventud, clubes juveniles, etc.). Las leyes, cuando no van acompañadas de procesos sociales y políticos que las respalden y legitimen, no logran pasar el umbral de su aprobación formal, mientras que los espacios específicos para la participación juvenil, aun sin proponérselo, terminan reforzando el aislamiento social de la juventud, en lugar de promover su integración.
Alternativamente, hay que trabajar para que –junto con la aprobación de leyes de juventud que sean el resultado de consensos sociales y políticos previamente construidos – se avance en el diseño de planes integrales de juventud, en el marco de los planes nacionales de desarrollo, sustentados en acuerdos sobre el rol de los jóvenes como actores estratégicos en la construcción de la sociedad del conocimiento. En este sentido, emulando el trabajo de las mujeres en relación con la perspectiva de género, habría que trabajar para dotar todas las políticas públicas de una perspectiva generacional, que atraviese las esferas de la gestión pública, en el Estado y en la sociedad civil.
Hay que repensar –por ejemplo– la enseñanza media o secundaria y concebirla como un espacio privilegiado de socialización juvenil, procurando acercar cultura juvenil y cultura escolar (y así superar el abismo que hoy existe entre ambas) y apostando decididamente a la formación ciudadana y no solo a la transmisión de saberes en función del acceso a la educación superior (para brindar así, por tanto, alternativas terminales más concretas en relación con el mundo del trabajo).
En la misma línea, es imprescindible reformular las políticas de salud para adolescentes y jóvenes desde un enfoque de derechos, haciendo especial hincapié en los derechos sexuales y reproductivos.
Frente a la construcción de espacios específicos para la participación juvenil, sería fundamental trabajar para aumentar y fortalecer la presencia de jóvenes en los espacios de participación ciudadana existentes, sobre todo en la asignación de recursos (presupuesto participativo) y en relación con el control social de políticas públicas (contralorías ciudadanas). Esto implica trabajar intensamente en la legitimación y el fortalecimiento de los movimientos juveniles, asumiendo que hay muchos y muy diversos (y que todos son importantes) y evitando celosamente su manipulación por parte del gobierno en turno. El desarrollo de prácticas de voluntariado juvenil, asociadas a la gestión de grandes políticas públicas prioritarias (combate a la pobreza, campañas de alfabetización, etc.), puede ser una fórmula pertinente, siempre y cuando se trabaje con pluralismo y un gran respeto por la autonomía de los propios grupos juveniles.
En el terreno de la asignación de recursos económicos, es preciso cuestionar la distribución actualmente existente entre generaciones, del mismo modo en que se cuestiona en el plano de la estratificación social, en términos de género, entre territorios o entre grupos étnicos. La mayoría de los datos disponibles muestran que la juventud lleva siempre la peor parte, y es tiempo de preguntarse –en función del propio desarrollo – hasta dónde esto es lógico y hasta dónde es una simple construcción adulta que es necesario modificar, pues atenta contra la modernización efectiva de nuestra sociedad.
También cabría cuestionarse, si es tan perjudicial la vigencia de enfoques neoliberales (que han demostrado que la teoría del goteo no ha funcionado) como la de los enfoques que postulan la necesidad de acumular esfuerzos en torno de las denominadas contradicciones principales (en general, centradas en la relación entre capital y trabajo). Estas últimas terminan desconociendo la presencia en nuestras sociedades de otras contradicciones en términos de género, de raza-etnia y de edad (entre otras no menos relevantes) que muestran con sobrada elocuencia las limitaciones de los enfoques clásicos.
Aprendiendo de las mujeres
En el caso de la equidad de género se avanzó decididamente en la reflexión estratégica, superando resueltamente los enfoques originalmente planteados (centrados en la promoción de la mujer) y avanzando dinámicamente en la construcción de enfoques más integrados, centrados en la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. No es ése el camino que se ha recorrido en el dominio de la juventud. ¿Cómo se pueden explicar esas diferencias tan notorias? Varios son los argumentos que permiten fundamentar que las principales explicaciones son estratégicas y metodológicas, y poco tienen que ver con la falta de voluntad política o la carencia de recursos económicos. Un primer argumento tiene relación con el enfoque predominante en cada una de las esferas de acción. Así, mientras en el caso de los jóvenes los trabajos se han orientado siempre a la apertura de espacios específicos propios (casas de la juventud, programas de participación juvenil, ministerios de la juventud, etc.), en el caso de las mujeres se ha trabajado con la lógica de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y promoviendo la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas relevantes.
Por todo lo dicho, las dinámicas existentes en el dominio de las políticas de juventud en las que un amplio abanico de movimientos y grupos, sobre todo de la sociedad civil, son una referencia central. En el tema juvenil, trabajar de este modo implicaría la presencia más activa y decidida de los movimientos de mujeres y de las organizaciones de derechos humanos. En ambos casos, los aportes de unos y otras a la dinámica de nuestras sociedades han sido clave en muy diversos sentidos pero, al mismo tiempo, resulta evidente que también han tenido sus limitaciones.
Entre los aportes, habría que destacar la apertura de las luchas reivindicativas más allá de los estrechos espacios de contradicción entre capital y trabajo (tanto en el medio urbano como en el ámbito rural) y la inclusión de otras importantes contradicciones como se ha mencionada más arriba.
Entre sus limitaciones, habría que destacar algunos de sus propios reduccionismos: las tensiones entre hombres y mujeres han eclipsado las diferencias de edades, por ejemplo, y la atención a las violaciones de los derechos humanos más elementales ha soslayado la atención de otros derechos humanos igualmente relevantes como podrían ser los derechos sexuales y reproductivos. Si estos movimientos sociales fueran capaces de superar esas limitaciones se podrían lograr avances sustanciales en el terreno de la promoción juvenil, pero para ello sería elemental cuestionar a fondo el origen de algunas de ellas.
En el caso de los movimientos de mujeres, en la mayor parte de los casos agrupan a adultas, y si bien en el discurso se alude a todas las mujeres, las niñas, las jóvenes y las adultas mayores tienen espacios muy reducidos y hasta simbólicos de atención efectiva. En el caso de las mujeres jóvenes, en general no tienen presencia activa en los movimientos juveniles (manejados abrumadoramente por hombres jóvenes) ni en los movimientos de mujeres.
Construcción de redes juveniles
En este marco, el fortalecimiento de las redes juveniles debiera constituirse en una prioridad muy clara de los esfuerzos que se desplieguen en el futuro. Para ello, habría que priorizar tanto el desarrollo de redes que tiendan al protagonismo juvenil en las dinámicas sociales y políticas en los ámbitos local, regional y nacional, como las redes que operan más específicamente en el terreno de la dinámica cultural y comunicacional de los jóvenes, y aun el desarrollo de aquellas que procuran desplegar acciones en terrenos específicos de la dinámica juvenil (como las redes relacionadas con el fomento de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes).
Pero el apoyo a estas redes debería realizarse sobre la base de ciertos criterios básicos, empezando por el respeto pleno y absoluto a la autonomía de las propias redes, esto es, la capacidad que sus miembros deben tener asegurada de tomar sus propias decisiones sin interferencias ni influencias de ninguna índole.
Esto es particularmente importante en lo que atañe al nombramiento de autoridades, el diseño de planes y programas y el uso de recursos, pero debe extenderse a toda la gama de esferas de acción de dichas redes, asegurando la más absoluta libertad de éstas para opinar, formular propuestas e involucrarse en aquellas campañas o iniciativas que les resulten de interés. Esto implica erradicar las prácticas que en el pasado intentaron regular el funcionamiento de las redes desde la órbita estatal, en una línea de acción en que la aprobación de leyes de juventud legitimaba derechos pero a la vez limitaba los espacios de acción de estas redes, al reglamentar exageradamente su funcionamiento, con vistas a su reconocimiento legal y el despliegue de las acciones correspondientes en términos de apoyo efectivo.
Son las Organizaciones de la Sociedad Civil las que han dado un mayor impulso a los derechos sexuales de los adolescentes. Desde las organizaciones civiles se ha logrado incorporar el nuevo paradigma y aunque prácticamente a cuenta gotas, la nueva perspectiva ha influenciado las políticas públicas.
En el ámbito de los derechos sexuales de los jóvenes, el seguimiento de los nuevos programas y avances en el sector educativo y de salud del fin de la década de los 90 requiere para su aterrizaje un gran esfuerzo de sensibilización y capacitación de maestros, padres de familia y proveedores de servicios en todas las regiones y municipios del país.
Con excepción del Distrito Federal, en cuanto a la atención al aborto legal está todo por hacer; las cosas se complican más cuando se trata de una violación y seguir el proceso para acceder a una interrupción del embarazo. El Distrito Federal es también el único lugar donde hay programas para prevenir la violencia dentro del noviazgo y para apoyar sicológicamente a adolescentes gay y lesbianas.
Habría que desmedicalizar la distribución de los métodos de control natal para adolescentes y jóvenes; el sector gubernamental podría apoyar estrategias construidas por las OSC juveniles, como sin el condomóvil, las condonerías y los puestos en las plazas comerciales.
Hay que desarrollar programas para jóvenes indígenas. Cada grupo étnico tiene una cultura sexual particular y son necesarios programas específicos, pues se trata de grupos con importante rezago en cuanto a embarazos no deseados, equidad de género y servicios de salud sexual y reproductiva.
Es necesario abrir un debate serio y un diálogo constructivo, una reflexión creativa que tome en cuenta todos los logros positivos de 30 años de educación sexual, que reactive los programas actuales e impulse más directamente y sin rodeos los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.
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